Oposición vuelve este sábado a las calles contra jueces del Tribunal Supremo

CARACAS, Venezuela.- La oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro se movilizó este sábado como parte de un aumento de la presión para exigir el respeto de la Constitución y a favor de la destitución de los actuales miembros del Tribunal Supremo de Justicia luego de que dispusieran suprimir las competencias legales del Parlamento.

Fue la tercera manifestación convocada por la Mesa de Unidad Democrática, que impulsa la destitución de los magistrados en la Asamblea Nacional.

Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana dispersó a la multitud con gases lacrimógenos y agua, cuando los protestantes marchaban hacia las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, ubicada en el mismo centro de Caracas.

Se reportó la muerte de un joven de 19 durante las protestas escenificadas contra el Gobierno de Maduro. La víctima fue Jairo Ortiz tras sufrir una herida de bala en el tórax por parte de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.

La marcha de este sábado y convocada el pasado jueves pretendía exigir a la Defensoría del Pueblo que apoyo la cancelación de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia por las dos sentencias que eliminaban las funciones legales del Parlamento y que despoja de su inmunidad a los diputados.

El pasado jueves, la Asamblea Nacional aprobó una resolución mediante la cual dejó abierto el proceso para enjuiciar a los integrantes de ese organismo judiciales, bajo la acusación de que incurrieron en el rompimiento del orden constitucional.

Los fallos del Tribunal Supremo no solo provocó la repulsa de la oposición y otros sectores de este país, sino también de varios gobiernos y organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos, que pidieron la restitución de las competencias del Parlamento.

Las dos sentencias fueron revocadas por el Tribunal Supremo Constitucional luego de que el presidente Maduro reuniera al Consejo Nacional de Defensa.

Las decisiones de los jueces fueron emitidas bajo el pretexto de que el Congreso había desacatado varias sentencias que prohibían la juramentación de dos legisladores que habrían sido elegidos mediante un fraude.