DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Ciertamente que el Congreso Nacional ha llegado a un punto sin retorno en las discusiones sobre la ley de partidos.
No habrá ninguna excusa válida para que ese proyecto tan manoseado no cuente con el respaldo colectivo de los diputados y los senadores.
La madurez política totalmente desprendida de los intereses grupales debe imponerse para que el país pueda contar con una reglamentación que ajuste a los partidos al régimen de la legalidad y de la democracia participativa.
El banal debate sobre las primarias abiertas o cerradas ha sido utilizado como un obstáculo para impedir que la ley de partidos sea una realidad, en virtud de que vendría a normalizar temas cardinales como el financiamiento de la campaña, el tiempo del proselitismo y el tema de la escogencia de candidaturas bajo la tutela de la Junta Central Electoral.
El Congreso Nacional está compelido a sancionar el proyecto de ley de partidos con y sin las primarias tanto cerradas como abiertas, las cuales podrían debatirse para su correcta aplicación a partir de los comicios de 2024.
El consenso han propugnado por el presidente Danilo Medina debe venir del desprendimiento de los intereses grupales que dentro del Partido de la Liberación Dominicana entorpecen su posible aprobación, por causa de una rivalidad por el liderazgo en esa organización.
Los argumentos sobre la legalidad o no de las primarias abiertas deben ser objeto de una discusión que pudiera producirse al margen de la actual coyuntura, lo que estamos seguros que facilitaría que el país pueda disponer de un instrumento que daría más potestad a la Junta Central Electoral para organizar unas elecciones más potables y ajustadas a las leyes, con una mayor supervisión en el accionar de los partidos y todo lo que tendrá que ver con el proceso electoral.
Solo falta una voluntad política desprendida de los matices “mesiánicos” que aun merodean a lo interno de nuestra clase partidaria.
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