Díaz Rúa y Ángel Rondón podrán obtener su libertad el lunes, por trámites adminstrativos
SAN CRISTÓBAL, República Dominicana.- Será el lunes cuando el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el empresario Ángel Rondón podrán obtener su libertad por asunto de los trámites administrativos.
La Procuraduría General de la República debe recibir la notificación de parte del juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, tras disponer la variación de la medida de coerción de un año de prisión que había dictado en su contra y ahora impuso garantía económica y presentación periódica.
Los abogados de los imputados informaron que fueron pagadas las fianzas para que puedan abandonar sus celdas en la cárcel de Najayo.
Los abogados Miguel Valerio y José Miguel Minier dijeron que será el lunes cuando el exfuncionario y el empresario recobrarán la libertad por los trámites burocráticos, principalmente por la notificación a la Procuraduría General de la República, que ha calificado de funesto el fallo emitido por el juez Ortega.
El magistrado de la Suprema Corte de Justicia impuso una fianza de 70 millones de pesos a Rondón y otra de 50 millones de pesos a Díaz Rúa.
Contra los acusados de supuestamente recibir sobornos de la empresa Odebrecht, el juez Ortega les impuso impedimento de salida del país.
Por el caso hay 14 acusados por la Procuraduría General de la República de supuestamente haber recibido 92 millones de dólares por parte de la constructora brasileña durante el periodo 2001 y 2015 para ser favorecida con contratos de obras del Estado.
Además de Díaz Rúa y Rondón, son imputados Temístocles Montás, exministro de Industria y Comercio; Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado; César Sánchez y Radhamés Segura, exadministradores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales; el abogado Conrado Pittaluga; el exdiputado Ruddy González; el exdirector de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, Máximo D’Oeo Ramírez; y los legisladores Julio César Valentín, Tommy Galán y Alfredo Pacheco.
Condenas para cada imputado
El magistrado Ortega dictó en junio pasado un año de prisión preventiva en contra del empresario Ángel Rondón para ser cumplido en la cárcel de La Victoria, así como nueve meses de prisión para el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, para ser cumplidos en la cárcel de Najayo, San Cristóbal.
Asimismo, el tribunal impuso seis meses de prisión en contra del ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, y el exdiputado Ruddy González.
De igual forma, el juez dictó tres meses de prisión preventiva en contra del exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez, y el exdirector de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Máximo De Oleo Ramírez, para ser cumplidos en la cárcel de Najayo.
El juez además dictó prisión domiciliaria por nueve meses en contra de exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, y el exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez, establecida en el artículo 226 del Código Procesal Penal, numeral sexto.
El tribunal también impuso el pago de una garantía económica de 5 millones de pesos y el impedimento de salida del país a los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como a Alfredo Pacheco, vocero del bloque de diputado del PRM, ley que está establecida en el artículo 226 del Código Procesal Penal, numeral primero y segundo.
Asimismo, el juez declaró complejo el caso seguido a los imputados en el caso Odebrecht, tras acoger el pedimento presentado por la Procuraduría General de la República, alegando a multiplicidad del delito y la cantidad de imputados.
De igual forma, el tribunal otorgó un plazo de ocho meses a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), para que concluya el procedimiento preparatorio en el presente proceso, tal y como lo dispone el artículo 370 del Código Procesal Penal.
En el dispositivo de la sentencia el juez rechazó todas las excepciones e incidentes presentados por los abogados de los imputados, por considerarlos improcedentes, malfundados y carentes de base legal.
Asimismo, el tribunal ratificó el desglose del expediente del imputado Bernardo Castellanos de Moya, quien se encuentra en Panamá y contra quien el ministerio público pidió a la Interpol su captura.
Caso complejo
De igual forma, el tribunal otorgó un plazo de ocho meses a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), para que concluya el procedimiento preparatorio en el presente proceso, tal y como lo dispone el artículo 370 del Código Procesal Penal.
En el dispositivo de la sentencia el juez rechazó todas las excepciones e incidentes presentados por los abogados de los imputados, por considerarlos improcedentes, mal fundados y carentes de base legal.
Asimismo, el tribunal ratificó el desglose del expediente del imputado Bernardo Castellanos de Moya, quien se encuentra en Panamá y contra quien el ministerio público pidió a la Interpol su captura.
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