El Gobierno de Haití tuvo una activa participación ante varios países y organismos internacionales con relación a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que declara que no son dominicanos los descendientes de extranjeros en situación irregular.
Ahora se cuenta con una Ley de Naturalización y también el Gobierno implementa el Plan Nacional de Regularización, pero Haití parece que se mantiene ajeno a estos procesos, cuando ha debido y está obligado a documentar a sus ciudadanos, tanto en su territorio como en la República Dominicana.
Las quejas de los propios haitianos se han hecho sentir ante la Embajada de Haití en el país, ya que esas autoridades no atienden con eficacia las exigencias de documentos que se tramitan.
El Gobierno dominicano debe presionar al Gobierno del presidente Michel Martelly para que se cumpla con los compromisos necesarios y así garantizar la convivencia conjunta entre los dos países.
República Dominicana carga con la parte pesada de la empobrecida nación, ya que muchos haitianos emigran hacia el territorio dominicano en procura de mayor calidad de vida para sus familias.
El Plan Nacional de Regularización puede constituirse en un incentivo para que los haitianos crucen la frontera en busca de normalizar su estatus.
El problema es grave y delicado. Y así debe asumirse por los dominicanos.
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